El proceso constituyente español

La Constitución de cada país tiene su propia personalidad.

Casi siempre condicionada por la historia concreta del país y por la evolución de los acontecimientos sociales en el transcendental momento en que se redacta.

La Constitución Española no es distinta en esto a las demás Constituciones que existen en el mundo y su contenido esta fuertemente influenciado por la Dictadura de Franco, que se deseaba dejar atrás cuando nació, y con la obligada Restauración de la Monarquía que el régimen político saliente impuso como condición para el cambio sin violencia hacia una democracia semejante a las que existen en los demás países de Europa.

Esta situación social particular marco de manera indeleble la redacción del contenido de La Constitución de 1978, que termino siendo la Constitución de La Monarquía Parlamentaria en vez de la Constitución de La República que muchos esperaban y deseaban.

Los compromisos son siempre necesarios en todas las facetas de la vida social y todos sabemos que son especialmente necesarios cuando se hace política real. Pero a nadie se le oculta tampoco que muchas veces en la política real, «el compromiso», es la palabra con la que se esconde lo que solo son claudicaciones incomprensible y renuncias de muy difícil justificación social.

Las dos peculiaridades más notables que esconde La Constitución Monárquica del Reino de España, y que fueron consecuencia de la monarquía que nos dejaba el dictador en herencia, están reaccionadas con la dificultad que ofrece el Texto Constitucional a cualquier intento de cambio o modificación. La primera de las dificultad se conoce como el Procedimiento Agravado del Cambio Constitucional y, como su nombre indica, convierte en prácticamente imposible cualquier intento de cambio de La Constitución por esa vía. La segunda dificultad está en la ausencia de cualquier tipo de mecanismo de participación directa que permita participar a la ciudadanía, a petición propia, en los asuntos públicos relevantes como pueden ser la aprobación de Leyes, de Actos Ejecutivos o la propuesta de cambio del Texto Constitucional. Cualquiera de estos mecanismos de participación ciudadana son normales en las democracias de nuestro entorno pero La Constitución Española los tiene expresamente prohibidos a los españoles en la redacción de su texto.

Ambas peculiaridades, que como comentamos no tienen ninguna otra Constitución de nuestro entorno, solo pueden entenderse por la existencia de la Institución Monarquía y el lógico deseo del entonces monarca Juan Carlos I de eliminar del Texto Constitucional cualquier amenaza que sobre la continuidad de la monarquía pudiera venir desde los ciudadanos españoles, de los partidos políticos con aspiraciones republicanas o de cualquier intento de cambio que, mediante la convocatoria de un referéndum, pudiera cuestionar la Monarquía Parlamentaria.

No nos corresponde a nosotros juzgar a las personas que aceptaron cambiar la redacción final de la Constitución en aquellos difíciles años que tuvieron que enfrentar tras la muerte del dictador. Tampoco, tenemos ningún derecho a juzgar a los Padres de la Constitución que cedieron sin informar a los españoles de las consecuencias del Texto Constitucional que les presentaban para su aprobación. Pero sí tenemos la obligación de informar a los ciudadanos españoles que han nacido en una democracia consolidada, y que no pudieron aprobar el Texto Constitucional, cuál es el origen de la imposibilidad practica de cualquier intento de cambio del Texto Constitucional.

Por esta razón y para que tengan una visión certera de aquellos momentos le recomendamos la lectura de un artículo de investigación:

« El debate en torno a los mecanismos de democracia participativa durante el proceso constituyente español«

Realizado por Alfredo  Ramírez  Nárdiz, Doctorado en Derecho Constitucional, y que puede bajarse en forma de PDF en el enlace. Pensamos que su lectura es imprescindible para aquellos que no viviendo La Transición quieran tener una idea precisa de la razón de la ausencia de mecanismos de participación directa dentro de la Constitución Monárquica del 78.

Derecho a Decidir

"Cualquier ser humano tiene derecho a decidir junto a los demás seres humanos en que mundo quiere vivir y en que mundo quiere educar a sus hijos"
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