El derecho a decidir: un concepto amplio
Hoy en día nuevos conceptos jurídicos y sociales se abren camino en aquellas sociedades-pueblos donde los individuos adquieren conciencia de que siendo parte de las mismas, han dejado de ser meros sujetos pasivos y que se pueden convertir en agentes activos que pueden ejercer sus derechos colectivos e individuales y de esta manera establecer nuevos marcos que les sean más propios.
La supremacía que determinados grupos de intereses quieren mantener para consolidar sus posiciones sociales o económicas necesitan de la creación de estados de opinión que los avalen y del manejo del imaginario colectivo. También utilizan un discurso homogéneo y cuando las cosas no son de su conveniencia provocan cíclicamente tensiones económicas para que se perciba claramente, por la sociedad, que cualquier desviación que ponga en peligro sus intereses conlleva consecuencias en el bolsillo. Se declaran alejados del quehacer político diario, pero tienen claro que el mismo debe limitarse a que cada cuatro años se deposite un voto en una urna. Saben de antemano que los programas se convierten en un papel mojado una vez pasado el ciclo electoral y que entonces entrará en juego con toda su crudeza su realidad económica, provocando el descontento y alejamiento de una parte de la población de la política.
Pero si preguntásemos a las personas si quieren participar activamente con su opinión en aquellas decisiones que les afectan directamente, como la vivienda, la educación, la salud, la eliminación de todos los condicionantes que existen, el modelo de relaciones laborales, internacionales, económicas y sociales que queremos, el espacio territorial-administrativo y el tipo de sociedad donde se encontrarían más identificados, seguramente la mayoría se prestaría a coparticipar de aquellas decisiones . Y tras esta interlocución se encuentra el denominado “derecho a decidir”, concepto lo suficientemente amplio como para englobar todos aquellos aspectos que hemos citado y otros muchos más que podemos añadir.
Derecho a decidir que no supone una especie de asamblearismo donde cualquier tipo de decisión colectiva tenga que someterse a un refrendo de las mayorías .Tampoco conlleva la eliminación de los partidos políticos, organizaciones sindicales o asociaciones civiles, sino que por el contrario desde su origen y nacimiento lo tengan implantado tanto en sus programas como en sus estructuras internas.
En el derecho a decidir caben todas las opiniones, pues parten de las vivencias y reflexiones de las personas y de los problemas reales que en cada momento tienen. Permite que se creen interrelaciones entre las mismas y que la política se acerque a los ciudadanos que ya no la ven como algo ajeno o de difícil comprensión.
El barrio y el municipio, por su mayor proximidad y pluralidad, son dos espacios lo suficientemente ricos para ir desarrollando este modelo colectivo de relacionarse y todo aquello que suponga su avance fortalece la idea de que es trasladable a espacios territoriales más amplios. Lo mismo ocurre en aquellas organizaciones políticas, sindicales y sociales donde confluyen personas que trabajando por intereses colectivos, que no corporativos, permiten que las mismas se enriquezcan con las aportaciones de quienes las conforman, convirtiéndose en sujetos activos y no, como a veces ocurre ,en la estructura de elites que deciden.
El coste económico que supone el derecho a decidir es escaso. Basta un aula en un colegio público, una pequeña sala o un espacio abierto comunitario para que las personas hablen y opinen. En cambio frente a este insignificante gesto desde el punto de vista económico, quienes realmente ostentan el poder constantemente deben dedicar dinero para mantener el sistema actual. Mantienen medios de comunicación afines, crean estados de opinión, encumbran a deportistas y artistas como modelo a imitar, desarrollan y auspician universidades y centros de educación elitistas de donde surgen nuevos dirigentes, generan situaciones de miedo que justifican políticas policiales y militares restrictivas de derechos y a la vez generadoras de industrias que ellos mismos controlan. Niegan derechos a los pueblos afirmando falsamente que todos los ciudadanos son iguales y que las estructuras de los estados garantizan ese derecho. Crean divisiones artificiales entre los colectivos, auspician falsos enemigos y necesitan del poder legislativo y judicial para barnizar sus intereses. Todo un cúmulo de acciones con un coste económico elevado pero que se recompensa con creces y se refleja en la cuenta de resultados. Pero para que esto realmente funcione se necesita que la persona participe del engranaje.
Como reflejó Chaplin en la película “Tiempos Modernos” donde el trabajo especializado se había reducido a hacer sólo una parte del giro de una tuerca, lo mismo se está trasladando a los individuos que conformamos el tejido social. Se nos convence de que las decisiones políticas, la gestión de las sociedades, la globalización y otra serie de mantras que se repiten constantemente, son de tal complejidad que sólo la clase política es capaz de tomarlas y que además benefician a la mayoría. Una especie de tutela constante derivada de la incapacidad de los individuos e incluso de los colectivos de tomar decisiones acertadas, de valorar las consecuencias de las mismas, necesitando del auxilio y gobernanza de quienes afirman conocer cuáles son realmente los problemas y las soluciones.
Se trata de hacer un cambio paulatino de los sistemas de toma de decisiones empezando por los niveles más cercanos, generando un sentimiento de pertenencia a algo vivo, cambiante, respetuoso con la diversidad y que a la vez sea próximo a las realidades sociales, políticas, culturales y territoriales. Sólo una sociedad es madura y por lo tanto realmente democrática si permite que todos sus integrantes sean igualmente maduros y para ello es consustancial poder ejercer el derecho a decidir.
